Una ley de etiquetado del arroz sobre la procedencia de su producción beneficiaría a productores, industria y consumidor, identificando los alimentos que se producen en Europa con todas las garantías sanitarias y de calidad y los que no.
A todos nos preocupa qué comemos. Indudablemente una alimentación sana está vinculada a una buena salud. Y a ello se dedican nuestros agricultores y ganaderos: a producir unos alimentos con todas las garantías sanitarias y de calidad, que queremos se mantengan hasta la mesa del consumidor.
Ése es uno de los motivos por los que en Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura trabajamos, desde hace un año ya y con la Mesa del Arroz de Extremadura, en solicitar una ley de etiquetado de los alimentos sobre la procedencia de su producción -en este caso, del arroz-, que evitaría muchas crisis alimentarias porque contribuiría a identificar los alimentos que entran en Europa sin cumplir las mismas exigencias sanitarias y de calidad con que se producen los alimentos europeos.
Además del arroz, esto es algo que sucede también con otros alimentos, como la miel, y creemos que una ley de etiquetado en producción sería algo fundamental, que beneficiaría a productores, industria y consumidor.
Al consumidor, porque sabría dónde y, por tanto, cómo se ha producido el arroz y, a partir de ahí, podría elegir qué arroz comprar. Pero lo hace con toda la información posible y con seguridad de si el arroz que va a comprar está producido en Europa o, por ejemplo, en India.
La producción del arroz europeo, que en España es de unas 800.000 toneladas anuales, está regulada por el Reglamento 2009/128/CE, que en España se traspone mediante el Real Decreto 1311/2012, que limita los herbicidas y pesticidas que se pueden usar, que mira por el medio ambiente, que revisa las prácticas agrícolas velando por el medio ambiente y que establece el sistema de tratamiento de plagas y la gestión integrada para proteger el medio acuático y zonas sensibles, entre muchísimos otros aspectos, que los productores de arroz cumplen a rajatabla, porque redunda en la calidad de su producción y es más saludable para el consumidor.
Hasta ahí todo perfecto. Producimos arroz cumpliendo esta normativa europea, con todo el esfuerzo y coste económico que ello supone. Sembramos, producimos, recolectamos y secamos en secadero un arroz de gran calidad que cumple todas esas exigencias sanitarias y alimentarias que citaba antes. Después, lo vendemos a la industria y ahí se pierde todo ese esfuerzo de los agricultores, porque ese arroz de gran calidad se mezcla con el arroz de importación. ¿Para qué estamos haciendo entonces los agricultores estos esfuerzos y sobrecostos de producción?
Creemos que esta normativa europea del arroz, que es fundamental y que los productores cumplen con creces, adolece de una parte final para regular la comercialización y consumo de este alimento. Y lo único que hace falta es que el arroz se separe al envasar y que se indique su origen en la etiqueta: “producido en Europa” o “de importación”. Una información que daría la calidad que ya tiene a nuestra producción y ofrecería garantías y seguridad al consumidor sobre qué está comiendo exactamente.
Esta ley de etiquetado beneficiaría también a la industria, porque les proporcionaría fuerza a la hora de negociar los precios ante la gran superficie, ya que estarían hablando de dos tipos de arroz perfectamente diferenciados: arroz de importación y arroz producido en Europa bajo la reglamentación vigente.
Y ahí estaría uno de los dos beneficios de esta ley de etiquetado en producción para el agricultor. El primero sería que verían compensados sus grandes esfuerzos para producir un alimento de calidad y el segundo sería un incremento del precio que se le paga por su producción. Hay que tener en cuenta que ahora mismo, un arrocero recibe de media 0,27 euros por kilo de arroz.
Ese incremento del precio que se pueda pagar al agricultor sería fundamental para la supervivencia del sector del arroz, que puede acabar desapareciendo por la baja rentabilidad del cultivo –los costes son altos y el precio que se recibe por el producto es bajo- y por la creciente resistencia de las malas hierbas y escasa efectividad de los herbicidas autorizados.
Como muestra un botón: todo ello ha motivado ya que la siembra de arroz baje esta campaña en Extremadura. Algo más de 1.000 hectáreas de un total de 23.449 hectáreas de arroz declaradas este año en la región. Y no ha bajado más porque hay zonas eminentemente arroceras que no pueden poner otro cultivo. Si no, estaríamos hablando de una reducción mayor.
No obstante, la campaña se prevé normal en su desarrollo y este pasado mes de julio ha acompañado con las temperaturas. Es pronto para aventurar una cifra de producción y habrá que esperar a ver cómo florece y cómo grana, según el tiempo que haga.
Mientras tanto, seguiremos trabajando en esa futura ley de etiquetado de los alimentos sobre la procedencia de su producción y estamos ya reuniéndonos desde Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura con los grupos parlamentarios extremeños para que presenten una iniciativa a la Asamblea de Extremadura que se eleve al Congreso y que así el Gobierno pueda plantearlo en la UE, del mismo modo que vamos a intentar que suceda en todas las comunidades autónomas.
Italia ya lo está haciendo también y si se suma España, serían las dos principales productoras de arroz de Europa quienes lo reivindicarían. Y si se consigue, esta ley sería todo un logro muy importante, que esperamos tener lo antes posible.
